El proyecto mirar relevó cómo era el acceso al aborto hasta 2023, un piso que debería ampliar el gobierno nacional

El proyecto mirar analizó la implementación de la política de interrupción del embarazo hasta diciembre de 2023, el escenario que recibió la gestión actual y que se espera amplifique. El monitoreo es una iniciativa del CEDES, en alianza con Ibis Reproductive Healt explicó Mariana Romero, directora de CEDES.

En tres años desde la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto, se logró un escenario de ampliación de derechos en materia de salud sexual y reproductiva. El proyecto mirar lanzó su Reporte anual “Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales” para informar cómo es el escenario que recibió el gobierno nacional, que debe ser un piso y no un techo en materia de aborto seguro y gratuito. Según relevó, en 2023 se reportaron 86.565 abortos en el sistema de salud público, en su mayoría realizados con medicamentos y antes de la semana 12 de gestación.

En 2023, la tasa nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue de 8  abortos cada 1000 mujeres. Esa situación varía a escala provincial: las tasas más altas se registraron en San Luis y Jujuy. Los datos son parte del último informe que presentó el proyecto mirar sobre la implementación de la Ley 27.610, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health. 

Según muestra el reporte, el acceso oportuno al aborto, con tecnologías adecuadas, con equipos capacitados y con menos estigmas y barreras se traduce en una mejora para el bienestar, la salud y la vida de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Ello se observa, por ejemplo, en la disminución de las muertes por aborto que se dio especialmente a partir de la sanción de la ley, al igual que los fallecimientos de mujeres por causas indirectas, ocasionadas por  enfermedades preexistentes que se agravan por el embarazo. 

“Este comportamiento lleva a hipotetizar que un entorno normativo más habilitante, como el que se da al despenalizar social y legalmente la interrupción del embarazo, permite la búsqueda de atención más temprana y prácticas más seguras en las instituciones”, analizó Mercedes Krause, socióloga e investigadora del CEDES e IIGG-UBA.

Desde la sanción de la ley se duplicaron los servicios de salud que garantizan abortos en el país, aunque es muy variable la cantidad de instituciones según las provincias, con un rango que varía entre provincias que tienen entre 2 y 4 servicios de IVE ILE cada 100.000 mujeres (Chaco, Santiago del Estero y Tucumán), y provincias que tienen entre  53 y 57 servicios de IVE ILE cada 100.000 mujeres (La Pampa y Mendoza). Además, en 2023 la gestión nacional distribuyó 166.164 tratamientos para el aborto con medicamentos, cuando en 2020, previo a la legalización, fueron 18.590.